Desafíos y Oportunidades del Sistema Tributario Dominicano

Desafíos y Oportunidades del Sistema Tributario Dominicano

La política tributaria en cualquier economía busca equilibrar la recaudación necesaria para financiar al Estado con una distribución equitativa de la carga fiscal. En República Dominicana, esta discusión se intensifica tras la aprobación de la Ley 30-26, que introduce cambios significativos en el Código Tributario.

La estructura tributaria dominicana depende en gran medida de impuestos indirectos como el ITBIS, que en 2025 generó RD$216,389.4 millones. Sin embargo, el Impuesto sobre la Renta (ISR) de empresas y personas físicas sigue siendo crucial para la progresividad del sistema.

La Ley 30-26 no es una reforma integral, pero modifica aspectos clave del ISR, elevando el mínimo exento y ajustando las tasas para rentas más altas. Estos cambios buscan aliviar la carga fiscal de los trabajadores de ingresos bajos y medios, mientras se incrementa la progresividad en los niveles superiores.

El ITBIS, aunque eficiente para recaudar, plantea retos en términos de equidad, ya que puede impactar más a los hogares de menores ingresos. La discusión debe considerar no solo la tasa, sino también las exenciones y tasas diferenciadas.

La tributación sobre el capital y la propiedad también enfrenta desafíos, especialmente en la valoración y fiscalización. La Ley 30-26 introduce algunas medidas para abordar estas cuestiones, pero el equilibrio entre eficiencia recaudatoria y equidad sigue siendo complejo.

Finalmente, la simplificación del sistema es crucial para mejorar el cumplimiento. La Ley 30-26 incluye medidas para facilitar el cumplimiento fiscal de microempresas y pequeñas empresas, reduciendo así la carga administrativa.

El éxito de estas reformas dependerá de su capacidad para ampliar la base tributaria, reducir la informalidad y mejorar el cumplimiento sin afectar negativamente la inversión y el empleo. Un sistema tributario eficiente debe ser amplio, simple y progresivo, con una administración eficaz y un uso transparente de los recursos públicos.