Industria de Juegos de Azar Apoya Nueva Ley y Prepara Propuestas de Mejora
Santo Domingo.- Los principales actores del sector de juegos de azar en la República Dominicana han expresado su respaldo al proyecto de ley que busca regular esta actividad. Han acordado establecer una mesa de trabajo para discutir y proponer cambios tras su promulgación.
Esta mesa de trabajo comenzará sus labores inmediatamente después de la promulgación de la ley, con un plazo de 90 días para identificar y consensuar modificaciones que fortalezcan la legislación.
Las propuestas consensuadas serán presentadas al Congreso Nacional para su consideración, siguiendo los mecanismos constitucionales pertinentes.
El acuerdo ha sido firmado por representantes de FENABANCA, concesionarios de juegos de azar y loterías privadas, la Asociación Dominicana de Casinos de Juegos, ADOBAD, la Comisión Hípica Dominicana y otros actores del sector.
El sector reconoce la urgencia de contar con un marco regulatorio moderno, eficaz y estable para ordenar la industria de los juegos de azar en el país.
Entre los objetivos planteados se encuentran combatir la informalidad, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el respeto a los derechos adquiridos conforme a la Constitución y las leyes.
El acuerdo también destaca la necesidad de reglas claras que establezcan un entorno más seguro para el Estado, los operadores licenciados y los consumidores.
Los sectores sostienen que la ausencia de una ley es más perjudicial para el interés nacional que contar con una legislación que pueda ser mejorada.
Explican que la falta de un marco regulatorio moderno contribuye a la incertidumbre jurídica, la discrecionalidad administrativa y las prácticas ilegales.
Por ello, respaldan el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado de la República, y se comprometen a participar activamente en la Mesa Técnica de Concertación.
El acuerdo establece que las mejoras deberán ser canalizadas mediante los mecanismos constitucionales correspondientes, respetando las atribuciones del Poder Legislativo.
Durante todo el proceso, las partes actuarán de buena fe, con respeto mutuo, transparencia y compromiso con el interés nacional, privilegiando el diálogo y el consenso.
El documento también deja claro que las partes mantienen sus derechos legales y constitucionales respecto a las acciones judiciales relacionadas con el proyecto de ley.
