Abogados critican presión mediática en el proceso del caso Calamar
En Santo Domingo, tres reconocidos abogados han expresado preocupación acerca de la estrategia comunicacional que, según ellos, ha implementado el Ministerio Público en el caso Calamar. Esta estrategia, afirman, busca generar “condenas sociales anticipadas” mediante el uso de la presión mediática, especialmente en contra del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Los juristas Ybo René Sánchez Díaz, Manuel Sierra y Valentín Medrano Peña han señalado que el expediente elaborado por la Procuraduría General de la República está cargado de motivaciones políticas y carece de pruebas contundentes que vinculen directamente a Peralta con los delitos que se le imputan. Los abogados enfatizan que el sistema judicial no debe ser utilizado para fines políticos, ya que esto podría deteriorar la confianza pública en la justicia.
Sánchez Díaz y Sierra han instado a los jueces a mantener su independencia y proteger la integridad del sistema judicial, sugiriendo que las acusaciones contra Peralta carecen de fundamentos sólidos. “Según lo presentado en la acusación, no hay evidencia directa que justifique un juicio contra José Ramón Peralta”, afirmó Sánchez Díaz, quien también criticó las recientes auditorías y cuestionamientos sin consulta previa a los implicados.
Por otro lado, Medrano Peña destacó que en un Estado de derecho, no es suficiente acumular documentos o montar un espectáculo mediático para respaldar una acusación penal. Subrayó la importancia de contar con pruebas lícitas y relevantes que se conecten directamente con los hechos acusados. Citando al experto argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, advirtió sobre el peligro de considerar cualquier evidencia como suficiente.
Los abogados concluyeron que la narrativa mediática impulsada por el Ministerio Público busca crear una percepción de culpabilidad en la opinión pública, a pesar de la falta de evidencias concretas contra Peralta. Además, cuestionaron la acusación de estafa al Estado, señalando la ausencia de pruebas que demuestren un daño económico por parte del exministro. En su opinión, el proceso responde a una acción “fabricada” con intereses políticos.
