Crisis Vial en República Dominicana: Un Desafío para la Salud Pública

Santo Domingo.- La República Dominicana enfrenta una crisis de salud pública que no se origina en laboratorios ni se propaga por vectores ambientales, sino que circula por las calles y avenidas del país. La conducción de motocicletas y los accidentes de tráfico han saturado las salas de emergencia, agotando los recursos del Estado y afectando la estabilidad de miles de familias. El doctor Eliezer Jiménez, presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología (SODOEM), destaca que el país ocupa el segundo lugar mundial en muertes por accidentes de tránsito, una situación que desborda la capacidad de los centros de salud. Según Jiménez, más del 60% de las atenciones de emergencia se deben a accidentes de tránsito, de los cuales el 68% involucran motocicletas. En lo que va del año, se han registrado 750 muertes, con proyecciones anuales de entre 2,500 y 3,000 fallecimientos. El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPRIL) reporta un gasto de 622 millones de pesos en un trimestre para cubrir el 40% de las emergencias causadas por motocicletas. La atención de un paciente accidentado puede costar entre 300 mil y un millón de pesos diarios, incluyendo cuidados intensivos y personal médico. Más allá de las cifras, el drama humano se vive en las salas de espera y en los hogares, especialmente aquellos que dependen del trabajo informal. Jiménez lamenta que una fractura de fémur pueda requerir hasta un año de recuperación, obligando a comunidades a organizar colectas para costear cirugías. Las lesiones más comunes incluyen traumas craneoencefálicos y fracturas de huesos largos, exacerbadas por la falta de equipos de protección adecuados. La SODOEM advierte que la falta de fiscalización del tránsito es un factor clave en esta crisis. Jiménez critica que la autoridad no aplica la ley de manera efectiva, y aboga por erradicar a conductores menores de edad de las vías. La SODOEM trabaja en mejorar la atención prehospitalaria y hospitalaria, y colabora con las autoridades para desarrollar protocolos de atención integral. Además, la entidad destaca la importancia de la concienciación ciudadana y la aplicación de un régimen de consecuencias para reducir la siniestralidad vial.