Alarma en República Dominicana: Violencia Sexual en Adolescentes Facilitada por Tecnología
Un reciente estudio ha revelado que menos del 1% de los casos de violencia sexual en adolescentes en República Dominicana son denunciados a las autoridades.
El informe ‘Disrupting Harm’, elaborado por Unicef, ECPAT International e Interpol, indica que uno de cada cuatro adolescentes usuarios de internet en el país sufrió alguna forma de violencia sexual facilitada por la tecnología en el último año.
Se estima que el 23% de los usuarios de internet de entre 12 y 17 años, aproximadamente 272,000 adolescentes, estuvieron expuestos a explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología.
El estudio destaca que en el 68% de los casos, el agresor era una persona conocida por el adolescente, como un familiar, amigo o pareja sentimental.
Carlos Carrera, representante de Unicef en República Dominicana, subrayó la necesidad de proteger a los menores en un entorno seguro por diseño, destacando la vulnerabilidad de su confianza.
El informe también señala la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y las capacidades institucionales para abordar estos casos, ya que menos del 1% se denuncia formalmente.
Entre las formas de violencia identificadas se encuentran la exposición a contenido sexual no deseado, solicitudes de contenido sexual, y la difusión no consentida de contenido íntimo.
Un 4% de los adolescentes reportó que se usó inteligencia artificial para crear imágenes o videos sexuales falsos de ellos, un desafío emergente para la protección de menores.
Plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram fueron mencionadas, así como plataformas de videojuegos, como medios donde ocurre esta violencia.
El estudio advierte que la violencia facilitada por la tecnología puede trascender el entorno virtual y extenderse al ámbito físico.
Las experiencias de los adolescentes afectados estuvieron marcadas por miedo, vergüenza y aislamiento, y muchos presentaron ansiedad o pensamientos suicidas.
Unicef enfatiza que la respuesta debe ser integral, incluyendo protocolos de actuación, servicios de atención y personal capacitado, además de mejorar la coordinación institucional.
