CAMIPE Aboga por Garantías de Cierre y Remediación en Nueva Ley Minera

CAMIPE Aboga por Garantías de Cierre y Remediación en Nueva Ley Minera

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) ha presentado una propuesta para modernizar la ley minera del país, enfocándose en la reducción de pasivos ambientales. La iniciativa busca asegurar la remediación y el cierre responsable de proyectos mineros antes de que inicien operaciones.

La propuesta de CAMIPE sugiere actualizar la Ley 146-71 para incluir herramientas obligatorias que promuevan una minería responsable. Esto incluye evaluaciones de impacto ambiental rigurosas, planes de cierre y remediación de minas, y mecanismos de participación ciudadana.

Un aspecto clave de la propuesta es la inclusión de garantías financieras para los planes de cierre, gestionadas a través de mecanismos públicos que aseguren su disponibilidad, independientemente de las fluctuaciones del mercado o de la empresa extractiva.

Martin Valerio, director ejecutivo de CAMIPE, enfatiza que estos recursos estarán sujetos a reglas estrictas de gobernanza, auditoría independiente y publicación periódica de información. La transparencia y la seguridad jurídica son fundamentales para la operación minera moderna.

La propuesta se alinea con estándares internacionales de sostenibilidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), y responde a los criterios de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), de la cual República Dominicana es miembro.

CAMIPE sostiene que la modernización de la ley debe ser un proceso técnico y participativo, involucrando al Estado, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil. El objetivo es un marco normativo claro, exigente y ejecutable que promueva el desarrollo nacional y el bienestar colectivo.

Desde su creación en 1997, CAMIPE ha trabajado para posicionar a República Dominicana como un destino atractivo para la inversión en industrias extractivas, promoviendo condiciones óptimas para su crecimiento y políticas públicas responsables.