Caso Medusa: Nueva Postergación en Decisión sobre Extinción Penal de Jean Alain Rodríguez
Santo Domingo.- Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional han decidido, por segunda ocasión, posponer hasta el próximo lunes la resolución sobre la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general, Jean Alain Rodríguez. Este es el principal acusado en el caso Medusa, que involucra un presunto desfalco de más de RD$6,000 millones contra el Estado dominicano.
La magistrada Claribel Nivar Arias, quien preside el tribunal, explicó que la decisión fue aplazada nuevamente debido a que aún no han concluido las deliberaciones sobre las peticiones de los abogados del exprocurador.
La defensa, liderada por el abogado Carlos Balcácer, argumenta que el proceso judicial ha superado los cinco años en los tribunales, excediendo el límite de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal.
Por su parte, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal rechazar la petición de la defensa, señalando que los retrasos han sido causados por las acciones de los propios abogados del imputado.
Desde el inicio de la investigación en 2021, la defensa ha presentado múltiples acciones para detener o dilatar el proceso. El 13 de julio de 2021, se dictaron medidas de coerción contra los implicados en el caso Medusa.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, confía en que el tribunal rechazará la solicitud de Jean Alain Rodríguez, citando la existencia de numerosas pruebas de corrupción.
La defensa del exfuncionario inició la presentación de incidentes el 16 de febrero, varios de los cuales fueron rechazados el 27 de julio, lo que llevó a la solicitud de extinción de la acción penal.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa acusa a Rodríguez de múltiples delitos, incluyendo fraudes vinculados al Comité de Compras y Contrataciones de la PGR durante su gestión de 2016 a 2020.
El expediente imputa a Rodríguez un desfalco superior a RD$6,000 millones, así como sobornos, lavado de activos y otros delitos en perjuicio del Estado dominicano.
