Cobra 2.0: Estrategia de Selección de Afiliados para Evitar Detección
Santo Domingo.- La investigación del caso Cobra 2.0 revela una estrategia para evadir la detección: elegir afiliados con escaso uso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los implicados seleccionaban personas con poca interacción con SeNaSa, reduciendo así la probabilidad de que se detectaran autorizaciones o reclamaciones falsas.
El expediente detalla que se iniciaban solicitudes de autorización a nombre de estos afiliados, completando el proceso con facturación basada en documentación que el Ministerio Público considera falsificada.
Los datos personales de los afiliados eran usados para registrar diagnósticos y procedimientos no solicitados, incluso falsificando firmas para aparentar legalidad.
Las entrevistas con los afiliados revelaron que muchos negaron haber recibido los servicios facturados, y algunos desconocían a los médicos o centros de salud involucrados.
La investigación encontró que en varias ocasiones los afiliados estaban trabajando o fuera del país cuando supuestamente recibieron los servicios.
La Pepca sugiere que estas coincidencias reflejan una selección intencionada de víctimas con perfiles que dificultaban la detección del fraude.
El expediente indica que parte de la estructura tenía acceso a información interna de SeNaSa, utilizando datos confidenciales para preparar reclamaciones por servicios inexistentes.
Se alega que el conocimiento de los protocolos internos facilitó las maniobras, usando información real de afiliados para generar autorizaciones.
El grupo también habría usado identidades ficticias al comunicarse con el centro de llamadas, empleando nombres como Pedro Martínez y Ángel Beltré.
La investigación sostiene que se usaban códigos reales de médicos para respaldar las solicitudes, haciendo que las operaciones parecieran legítimas.
La solicitud de medida de coerción es parte de una investigación en curso. Las acusaciones deben ser probadas en tribunales, y los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta una sentencia definitiva.
