Compleja Red de Poderes en la Reforma Policial Dominicana
La reforma de la Policía Nacional en la República Dominicana es un proceso que, aunque liderado formalmente por el presidente Luis Abinader, revela una estructura de poder más intrincada de lo que parece a simple vista.
El diseño institucional del proceso distribuye responsabilidades entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Interior y Policía, el Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial y la propia Policía Nacional. A esto se suman equipos técnicos y consultores externos que han participado en diversas etapas.
La salida del mayor general Andrés Cruz Cruz de la Dirección General de la Policía, tras pocos meses en el cargo, subraya la complejidad del proceso. Su gestión estuvo ligada a la transformación institucional, un proyecto impulsado desde el Palacio Nacional.
El Decreto 2-22 creó una Comisión Ejecutiva presidida por el jefe de Estado, asignando al comisionado ejecutivo la tarea de dirigir e implementar los planes de reforma. Actualmente, el general retirado colombiano Luis Ernesto García Hernández ocupa esta posición.
El Ministerio de Interior y Policía, bajo la dirección de Faride Raful, ha ganado protagonismo. El Decreto 370-24 colocó bajo su dependencia la comisión para revisar la Ley Orgánica de la Policía, mientras que el Decreto 371-24 reorganizó la gobernanza del proceso de reforma.
Raful ha reiterado el compromiso del Gobierno con la transformación de la Policía, destacando la transparencia y la supervisión como componentes clave. La ministra describe esta reforma como la más profunda en los más de 90 años de historia de la institución.
Dentro de la Policía, el general Esteban Figuereo García lidera la Dirección de Transformación Policial, impulsando la modernización y profesionalización desde dentro. Esto crea tres niveles de poder: la conducción política, la coordinación del comisionado y la ejecución interna.
Además, una comisión especial creada por el Decreto 118-26 acompaña la elaboración de reglamentos para la reforma. Esta comisión es coordinada por Servio Tulio Castaños Guzmán.
El proceso también ha contado con asesoría internacional, como la participación del Tony Blair Institute for Global Change en 2025, que evaluó metas y obstáculos junto a funcionarios del Gobierno.
El director general de la Policía enfrenta el desafío de administrar una institución compleja mientras las decisiones estratégicas se distribuyen fuera de su despacho. Este modelo de gobernanza compartida plantea interrogantes sobre el verdadero control del proceso de reforma.
En resumen, aunque Luis Abinader dirige políticamente el proceso y el comisionado ejecutivo tiene el mandato de implementar los planes, el poder está repartido entre varias instancias, lo que complica la ejecución de la reforma.
