Contraloría Detecta Irregularidades en Contratos de Desarrollo Provincial

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial ha sido objeto de una auditoría que reveló la adjudicación de contratos a servidores públicos por más de 133 millones de pesos. Esta situación plantea dudas sobre las medidas correctivas adoptadas y las posibles consecuencias legales.

Según la Contraloría General de la República, tres empleados del Estado recibieron contratos en 2024 para obras de construcción y remodelación, violando la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones. La Comisión justificó estas adjudicaciones, pero la Contraloría rechazó sus explicaciones, manteniendo el hallazgo en su informe final.

Los contratos, que suman un total de 133,233,565.44 pesos, abarcaron proyectos de infraestructura comunitaria, deportiva y cultural en diversas provincias. El contrato más cuantioso fue para la reconstrucción del campo de béisbol Villa Cerro en Higüey, otorgado a Seven Caves Chain S.A. por 68,656,491.20 pesos.

Otros proyectos incluyeron la construcción de funerarias municipales en Moca y Monte Plata, y la reparación del Parque Arqueológico La Isabela Histórica en Puerto Plata. Los beneficiarios de estos contratos también ocupaban cargos públicos, lo que contraviene la legislación vigente.

La auditoría también detectó anomalías en el control de bienes, parque vehicular y ejecución presupuestaria. Se encontró una discrepancia de 53,891,860.64 pesos entre los registros financieros y una inconsistencia en el número de vehículos registrados.

La legislación dominicana prohíbe que servidores públicos contraten con el Estado, y estas violaciones pueden resultar en nulidad de contratos y sanciones severas. El informe de la auditoría indica que estos hallazgos están en proceso de subsanación.