Desafíos de la Autonomía Municipal en República Dominicana
La autonomía municipal en República Dominicana enfrenta serios desafíos, ya que las alcaldías poseen competencias legales pero carecen de los recursos necesarios para ejecutarlas efectivamente.
La Constitución del país reconoce a los municipios como la base del sistema político-administrativo local, otorgándoles autonomía presupuestaria y potestades normativas, administrativas y de uso de suelo. Sin embargo, la realidad muestra un panorama donde las alcaldías están sobrecargadas de responsabilidades pero con recursos limitados.
Víctor Féliz, experto en gestión local, señala que en las últimas dos décadas ha habido un debilitamiento de la autonomía local. La falta de recursos y la intervención del Gobierno central en asuntos municipales han reducido la capacidad de acción de los gobiernos locales.
La Ley 176-07 asigna a las alcaldías competencias que van más allá de la recolección de basura, incluyendo el ordenamiento del tránsito, gestión del espacio público y construcción de infraestructuras. No obstante, muchas de estas responsabilidades han sido asumidas por el Ejecutivo debido a la falta de recursos en las alcaldías.
El artículo 199 de la Constitución establece que los municipios deben recibir un 10% de los ingresos del Estado, pero hasta ahora, esa transferencia no se ha materializado de manera efectiva. Para 2026, se contempla un presupuesto de RD$29,456.9 millones para transferencias directas a los gobiernos locales, lo que representa solo el 2.2% de los ingresos del Gobierno Central.
Féliz destaca que la falta de personal técnico especializado limita la capacidad de las alcaldías para planificar y fiscalizar el territorio. Además, la creación de un sistema nacional de movilidad ha restado competencias a las alcaldías en el ordenamiento del tránsito.
La solución, según Féliz, pasa por modernizar la legislación municipal, fortalecer financieramente a los ayuntamientos y profesionalizar la gestión local. Es necesario establecer con claridad las competencias de cada nivel del Estado y asegurar los recursos necesarios para su ejecución.
El reto es convertir el mandato constitucional en una realidad administrativa, donde las alcaldías tengan competencias claramente delimitadas, recursos suficientes y capacidad real para gobernar los territorios.
