Desafíos de la Seguridad y la Democracia en República Dominicana
La República Dominicana se encuentra en medio de un debate crucial sobre la seguridad ciudadana, el uso de la fuerza estatal y el respeto al Estado de derecho. Las recientes muertes en operativos policiales y el discurso de mano dura contra la delincuencia generan preguntas sobre si estamos construyendo una sociedad más segura o normalizando prácticas autoritarias.
Según cifras de Diario Libre, hasta octubre de 2026, al menos 182 personas han muerto en intervenciones policiales, con 55 decesos solo en septiembre. Aunque no todas estas muertes son ejecuciones extrajudiciales comprobadas, exigen transparencia y explicaciones verificables.
El problema radica en establecer límites claros al poder estatal. Ningún operativo policial debe sustituir la justicia por la muerte. La aceptación de versiones oficiales sin pruebas forenses ni testimonios independientes puede llevar a la impunidad.
La democracia requiere tanto seguridad como respeto a los derechos humanos. Un análisis de 2026 reveló que los jóvenes son los más afectados por las muertes en operativos policiales, planteando interrogantes sobre la equidad en el ejercicio de la autoridad estatal.
En una sociedad desigual, el Estado no siempre se presenta de igual forma ante todos. Mientras algunos sectores reciben protección jurídica, otros enfrentan patrullajes y detenciones sin acceso a servicios básicos.
La pobreza no convierte a nadie en delincuente, pero los prejuicios y estereotipos pueden alimentar prácticas discriminatorias. Investigar las muertes policiales implica conocer quiénes son las víctimas y bajo qué circunstancias ocurren los hechos.
El debate sobre la seguridad se extiende a nivel regional, con modelos como el de El Salvador bajo Nayib Bukele, que prometen resultados rápidos pero han sido criticados por violaciones a los derechos humanos.
La República Dominicana debe evaluar sus políticas de seguridad no solo por el número de detenidos, sino también por la legalidad de los procedimientos y el respeto al debido proceso.
La cooperación internacional, como el Escudo de las Américas, debe ser transparente y garantizar los derechos de las personas afectadas. Las políticas migratorias de Estados Unidos también ofrecen lecciones sobre el uso excesivo de la fuerza y la discriminación.
Para República Dominicana, es vital defender la dignidad de sus ciudadanos en el extranjero y garantizar un trato justo a los extranjeros en su territorio. La seguridad no debe comprometer los derechos humanos ni el Estado de derecho.
La reforma policial debe enfocarse en la profesionalización, la investigación criminal y el control del uso de la fuerza. La transparencia fortalece la legitimidad de las instituciones y permite corregir fallas.
La República Dominicana necesita una política de seguridad que combine prevención, persecución efectiva del delito y respeto a los derechos humanos. La verdadera prueba del Estado de derecho es cómo el poder público actúa sobre quienes tienen menos recursos para defenderse.
