Desafíos en la Ejecución de Sentencias Judiciales en República Dominicana

En República Dominicana, obtener una sentencia judicial favorable no siempre garantiza el fin de un litigio. Muchos casos se prolongan por décadas, incluso después de una decisión definitiva.

El proceso de ejecución de sentencias, especialmente en casos de embargos o desalojos, puede convertirse en una odisea. Según el abogado Francisco García, los beneficiarios de fallos favorables a menudo enfrentan nuevas demandas o audiencias adicionales, complicando la ejecución.

La Ley 396-19 otorga al Ministerio Público la facultad de regular y otorgar la fuerza pública, aunque esta competencia expirará en 2027. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que corresponde al Poder Judicial hacer cumplir las sentencias.

El abogado Guillermo Hernández señala que uno de los problemas es la práctica del Ministerio Público de buscar acuerdos con los deudores, lo que puede retrasar la ejecución de las sentencias. Esto es especialmente problemático en casos de desalojo, donde el componente humano puede complicar aún más la situación.

Un caso emblemático es el de Deisis Cándida Luna de Rodríguez y Agustín Simón Rodríguez Vicioso, quienes tras casi quince años de litigio, aún no han podido ejecutar su sentencia favorable debido a desalojos violentos y costos económicos significativos.

El conflicto legal en torno a la Cafetería Olímpica en Santo Domingo es otro ejemplo de la complejidad de estos procesos. A pesar de fallos favorables de la Suprema Corte de Justicia, el litigio persiste con nuevas impugnaciones y contrademandas.

Estos casos reflejan la necesidad de abordar las dificultades en la ejecución de sentencias en el país, garantizando que los derechos de los propietarios sean efectivamente protegidos.