DIDA Lleva a Tribunales Conflicto con Clínicas Privadas y Exige Multa Millonaria
Santo Domingo.- La disputa entre las clínicas privadas y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) ha alcanzado el ámbito judicial. La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) ha presentado un recurso de amparo colectivo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para evitar la suspensión de servicios médicos a más de 1.4 millones de afiliados.
En este recurso, se ha solicitado una multa de RD$5 millones diarios contra las clínicas de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) que incumplan una eventual orden judicial de mantener los servicios de salud.
Zully Arias, directora de Orientación y Defensoría de la DIDA, explicó que la acción busca garantizar que los usuarios del sistema de salud no sean perjudicados por el conflicto entre las clínicas y las aseguradoras.
“Estamos aquí en representación de la DIDA, haciendo el depósito del recurso de amparo colectivo en función del anuncio de Andeclip de suspender servicios de salud a afiliados. Nuestra intención es que el diálogo prime y que, bajo ningún concepto, los afiliados tengan que pagar las consecuencias de un conflicto que corresponde a las ARS y a los prestadores de servicios de salud”, expresó Arias.
La DIDA ha planteado que los fondos de la multa no sean destinados a la institución, sino a la Cuenta Cuidado de la Salud de las Personas del Seguro Familiar de Salud, administrada por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en beneficio de los afiliados.
Arias insistió en que el derecho a la salud es fundamental y no puede ser limitado por conflictos contractuales. “El derecho a la salud se impone. La seguridad social es un derecho fundamental constitucional y los afiliados no son parte de este conflicto. En consecuencia, no pueden ser quienes paguen las consecuencias”, sostuvo.
El recurso surge tras el anuncio de Andeclip de suspender, a partir del 14 de julio, consultas, procedimientos electivos y otros servicios a afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, afectando a casi un millón y medio de afiliados.
Sin embargo, la DIDA advirtió que esta exclusión no elimina el riesgo, ya que entre los servicios suspendidos figuran tratamientos oncológicos, diálisis y atención a enfermedades crónicas, cuya interrupción puede generar daños irreparables.
Arias destacó que el amparo colectivo es un mecanismo constitucional de respuesta rápida, por lo que esperan una pronta decisión del tribunal. “Este recurso tiene como característica que es rápido y, por la naturaleza del caso, estamos confiados en que tendremos una respuesta favorable, ya sea por el diálogo o por la decisión judicial”, indicó.
