EE.UU. Revoca Visas a Altos Funcionarios en América Latina por Corrupción
El gobierno de Estados Unidos ha tomado la decisión de cancelar las visas de jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta medida se debe a acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y conspiraciones contra sus respectivos gobiernos.
Entre los sancionados se encuentran magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales y fiscales de Bolivia, así como un empresario y una senadora de Colombia. También se incluye a un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, Perú.
La revocación de visas se enmarca en la alianza Escudo de las Américas, una iniciativa del presidente Donald Trump, que busca combatir la corrupción y el narcotráfico en la región. Según el Departamento de Estado, esta acción forma parte de los compromisos asumidos por los países aliados.
El comunicado del Departamento de Estado destaca que, bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos. Esta medida afecta no solo a los individuos sancionados, sino también a sus familias.
En Bolivia, las protestas recientes llevaron al gobierno a declarar un estado de excepción. Mientras tanto, Colombia ha elegido a un nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, quien se presenta como aliado de Trump. Ecuador y Perú también enfrentan desafíos internos, con el apoyo de Estados Unidos en su lucha contra el crimen organizado.
La alianza Escudo de las Américas, que incluye a una quincena de países de la región, se reunió recientemente para ratificar su compromiso de tomar medidas colectivas contra el crimen organizado. Como parte de estas acciones, se han impuesto sanciones a 24 grupos criminales.
Entre los sancionados en Bolivia se encuentran el magistrado Israel Ramiro Campero, el juez Rodrigo Vedia y varios fiscales y empresarios. En Colombia, los afectados son el empresario Euclides Torres y la senadora Martha Isabel Peralta. En Perú, el juez Juan Carlos Núñez ha sido sancionado.
El Departamento de Estado tiene la potestad de hacer públicas o mantener en anonimato las identidades de las personas a las que se les revoca la visa. Esta medida subraya el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y el narcoterrorismo en la región.
