El Impacto del Modelo de Megacárceles de Bukele en Latinoamérica
La estrategia de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra el crimen organizado se ha convertido en un referente para varios países de Latinoamérica. Desde 2023, al menos 16 megacárceles han sido propuestas en la región, buscando replicar un modelo que genera interrogantes sobre su eficacia y sus implicaciones para los derechos humanos.
La violencia y la expansión del crimen organizado son factores que explican el atractivo de esta estrategia, que promete resultados rápidos frente a problemas de seguridad. Sin embargo, su expansión plantea dudas sobre la efectividad de estas medidas contra redes criminales transnacionales.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señala que Bukele ofrece una caída drástica de la violencia en poco tiempo, lo cual es atractivo para otros países. No obstante, advierte sobre los abusos y la deshumanización de los detenidos que acompañan este modelo.
Países como Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala han anunciado proyectos de megacárceles. Aunque muchas de estas iniciativas están en fase de propuesta o construcción, funcionan más como gestos políticos que como cambios sustanciales de política pública.
Costa Rica inauguró recientemente el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, inspirado en el modelo salvadoreño. En Ecuador, la Cárcel del Encuentro comenzó a recibir presos, y se planea otro centro para 15,000 reclusos.
La influencia del modelo también se refleja en visitas al Cecot salvadoreño por líderes como el chileno José Antonio Kast y la presidenta peruana Keiko Fujimori, quienes buscan ideas para sus propios países.
Goebertus advierte que en América Latina, las cárceles no han sido el fin del crimen organizado, sino su origen y centro de mando. Además, el encarcelamiento masivo podría ampliar la base de reclutamiento de estos grupos.
En El Salvador, el régimen de excepción ha permitido la detención de decenas de miles de personas, generando denuncias de arrestos arbitrarios y malos tratos. Bukele ha reconocido la liberación de unas 8,000 personas y estudia conceder libertad condicional a parte de los más de 90,000 detenidos.
Las diferencias entre países limitan la aplicación de esta estrategia. Mientras El Salvador enfrenta pandillas con control territorial local, Ecuador y Honduras lidian con redes transnacionales y fenómenos complejos de crimen organizado.
