Escándalo en el Patronato Cibaeño: Venta Ilegal de Medicamentos Controlados

Escándalo en el Patronato Cibaeño: Venta Ilegal de Medicamentos Controlados

El caso Onco14 ha sacudido a Santo Domingo con la revelación de que Héctor Antonio Lora Cruceta, principal imputado, utilizaba la farmacia del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para vender ilegalmente medicamentos con sustancias controladas.

Según el Ministerio Público, Lora Cruceta, en su rol de presidente del Patronato, facilitó la comercialización ilegal de estos medicamentos, violando las normativas vigentes. Esto llevó a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a realizar inspecciones en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, donde se encontraron prácticas irregulares.

El 11 de julio de 2023, la DNCD documentó irregularidades en el manejo de medicamentos controlados. Entre las violaciones se incluyen la venta sin autorización y la comercialización de medicamentos vencidos desde 2022.

Una segunda inspección el 26 de septiembre de 2025, realizada junto a la Dirección de Químicos y Precursores y la DIGEMAPS, confirmó la continuidad de estas prácticas ilícitas. Se descubrió un patrón de prescripción irregular por parte del Dr. José Daniel Jiménez Marmolejos.

La investigación también reveló la existencia de FUNDOLOR, dirigida por Margarita Reyes Luciano, que accedía a sustancias controladas sin justificación legal. Parte de estas sustancias eran desviadas para su venta a personas con dependencia.

La DIGEMAPS recomendó el cierre de la farmacia por incumplimientos graves. Jared Pérez Vargas, director técnico de la farmacia, también está implicado, junto a Dilcia I. Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta.

Lora Cruceta prohibió que los medicamentos donados fueran entregados gratuitamente, justificando la necesidad de generar ingresos. Esto llevó a la comercialización de medicamentos donados y a la doble facturación de medicamentos a pacientes.

Los imputados, incluyendo a Luisa Yasiris Guzmán, esposa de Lora Cruceta, enfrentan medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público, que pide 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo.