Estados Unidos Implementa Fianza para Visas de Inmigrante en República Dominicana
Desde el 5 de agosto, República Dominicana se ha convertido en el primer país donde Estados Unidos ha lanzado un programa piloto que permite exigir una fianza a ciertos solicitantes de visas de inmigrante considerados potenciales “cargas públicas”.
Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, explicó que esta medida podría extenderse a otros países en el futuro. La fianza, conocida como Public Charge Bond, es una herramienta para superar la inadmisibilidad basada en la posibilidad de convertirse en carga pública.
Esta disposición afecta solo a determinados solicitantes de visas de inmigrante, quienes buscan establecer su residencia en Estados Unidos. La administración de Donald Trump busca evitar que los inmigrantes se conviertan en una carga para el gobierno.
Cada caso será evaluado de manera individual y no todos los solicitantes dominicanos deberán pagar una fianza. El Departamento de Estado ha señalado que solo aquellos a quienes se les requiera una garantía serán notificados por un funcionario consular.
El programa piloto se ha iniciado en República Dominicana debido al volumen de visas de inmigrante procesadas en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. No hay un monto estándar para la fianza; este será determinado por el oficial consular según las circunstancias de cada solicitante.
Los solicitantes serán notificados si se requiere una fianza. Una vez aceptada por USCIS, el caso podrá continuar y, si se cumplen los requisitos, se aprobará la visa. Esta medida no afecta a las visas ya válidas.
La fianza puede ser cancelada y el dinero recuperado bajo ciertas condiciones, como después de cinco años si el inmigrante no se convierte en carga pública. También puede cancelarse por naturalización, salida permanente de Estados Unidos o fallecimiento del beneficiario.
Molano indicó que el programa piloto se evaluará antes de decidir su expansión a otros países. La medida ha generado preocupaciones sobre su impacto económico en familias de menores ingresos, aunque no se han confirmado montos específicos.
