Familia de Dayana Heredia clama justicia tras detención en Venezuela
La familia de Dayana Heredia denuncia las condiciones inhumanas de su detención en Venezuela y las irregularidades en el manejo de pruebas durante su juicio.
Dayana, quien trabajaba como estilista en Ciudad Juan Bosch, República Dominicana, decidió emprender un viaje irregular hacia España, prometido por una red de viajes ilegales. Esta red, que también opera en Colombia, le aseguró una mejor vida.
Al llegar a Colombia, le proporcionaron documentos venezolanos falsos y luego se trasladó a Venezuela, donde fue arrestada el 13 de julio de 2024. Las autoridades la condenaron a 21 años de prisión tras encontrar documentos falsos y fotografías de sustancias ilícitas en su teléfono.
La familia sostiene que las pruebas presentadas son contradictorias. Durante el juicio, los agentes declararon no haber encontrado sustancias ilícitas en sus pertenencias y las pruebas realizadas en sus manos resultaron negativas.
Inicialmente recluida en Santa Bárbara, fue trasladada al Centro Penitenciario de la Región Andina sin notificación previa a su abogado. La familia denuncia el hacinamiento y las condiciones deplorables de su detención.
Además, afirman que el teléfono, supuesta fuente de evidencia, fue manipulado por funcionarios, comprometiendo así la validez de las pruebas. La familia ha gastado grandes sumas en abogados, enfrentándose a extorsiones.
Preocupados por su salud, sus familiares informan que Dayana sufre problemas renales y no recibe atención médica adecuada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor, destacando el riesgo a su integridad.
A pesar de buscar ayuda en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la familia se siente desamparada, ya que no han recibido el apoyo necesario. El nuevo cónsul dominicano en Venezuela, Héctor Pastor Vázquez, ha mostrado interés en el caso, pero las restricciones de comunicación dificultan el contacto.
La familia denuncia también intentos de extorsión por parte de abogados que ofrecieron negociar su libertad por 15,000 dólares, oferta que rechazaron por creer en su inocencia. Mientras esperan justicia, continúan enfrentando el proceso sin suficiente orientación institucional.
