Fideicomisos Públicos: Un Enigma en la Transparencia Estatal

Los fideicomisos públicos se han convertido en un mecanismo clave para la ejecución de grandes proyectos de infraestructura en la República Dominicana. Estos instrumentos permiten al Estado construir, contratar y gestionar recursos fuera del marco presupuestario tradicional.

El Fideicomiso RD Vial, encargado de administrar los peajes, cerró el año 2024 con una deuda de RD$67,076.5 millones, mientras que el FITRAM reportó activos por RD$66,578 millones en 2025. Sin embargo, estos estados financieros no han sido auditados, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de su gestión.

A pesar de la existencia de la Ley 28-23, que exige auditorías y rendición de cuentas, la falta de cumplimiento y supervisión efectiva sigue siendo un problema. La Cámara de Cuentas no ha auditado ninguno de estos fideicomisos, lo que deja un vacío en el control fiscal.

El caso de la Autopista del Ámbar ejemplifica cómo los proyectos pueden cambiar de régimen sin cumplir con las exigencias de transparencia y evaluación de valor por dinero. Esta situación subraya la necesidad de una acción más decidida por parte de las autoridades para garantizar la integridad de los procesos.

Aunque la legislación está en vigor, la implementación efectiva y la rendición de cuentas siguen siendo desafíos pendientes. La falta de auditorías y el control ineficaz ponen en riesgo la confianza pública y la gestión responsable de los recursos estatales.