Impacto de la Sentencia Quisqueya I en la Reforma de la Ley Minera

El Tribunal Superior Administrativo ha emitido una sentencia histórica que anula dos contratos relacionados con la concesión Quisqueya I, planteando interrogantes sobre la naturaleza y las obligaciones de las concesiones mineras en el país.

Esta decisión subraya que una concesión no es un derecho perpetuo para mantener recursos del Estado sin actividad. La Ley Minera exige que las concesiones se utilicen para la exploración y explotación activa de los recursos minerales.

El tribunal determinó que las operaciones de Quisqueya I estaban paralizadas desde 2023 y que faltaban informes obligatorios, lo cual fue clave para su fallo.

La sentencia destaca que la seguridad jurídica no protege el incumplimiento y que existen procedimientos claros para la caducidad de concesiones, aunque el tribunal también sugirió que la caducidad no es la única vía para terminar un contrato.

La Constitución dominicana establece que los recursos naturales pertenecen a la Nación y su explotación debe ser sostenible y regulada. Además, la seguridad jurídica es fundamental para garantizar que las concesiones se otorguen y terminen bajo reglas claras.

El caso Quisqueya I resalta la necesidad de equilibrio entre la fiscalización ambiental, la seguridad jurídica y la potestad estatal. La inactividad de una concesión puede afectar el interés general, lo que justifica la terminación de contratos.

Esta sentencia no solo impacta al sector minero, sino que también plantea preguntas relevantes para otros sectores que dependen de concesiones del Estado, como la energía y el turismo.

La reforma de la Ley Minera debe abordar cómo se regulará la caducidad de concesiones y qué garantías procesales se ofrecerán, asegurando que las reglas sean claras y predecibles.