Inspector de Migración Enfrenta Prisión por Facilitar Salida Ilegal de Dominicanos
Santo Domingo. Un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) ha sido enviado a prisión preventiva por presuntamente permitir que dos ciudadanos dominicanos, con impedimento de salida, evadieran los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA). Uno de ellos logró abordar un vuelo hacia Las Bahamas.
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra Esteban Nohassis Mogena González, quien cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Según el Ministerio Público, el inspector facilitó el paso de los viajeros en el “counter” de Migración del AILA, omitiendo el escaneo de huellas dactilares y sin certificar sus salidas en el sistema migratorio.
La Dirección General de Migración había estado realizando un operativo de inteligencia sobre el funcionario debido a inconsistencias detectadas en sus labores.
La acusación señala que Mogena González habría recibido miles de dólares para alterar los controles migratorios y permitir la salida irregular de los pasajeros.
El inspector fue arrestado en flagrante delito el pasado jueves 24, durante una intervención en la terminal de salidas del AILA, coordinada por la DGM y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Se le acusa de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración 285-04, relacionados con asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
La DGM presentó evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales ante la Fiscalía, las cuales fueron utilizadas en la solicitud de medida de coerción.
Tras la decisión judicial, la institución inició el proceso para suspender al inspector de sus funciones y proceder con su desvinculación definitiva, conforme a las normas de la función pública.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó la política de cero tolerancia frente a la corrupción y el compromiso de proceder judicialmente contra cualquier servidor público que incurra en estas conductas.
