Inversión en Salud Pública: Un Reto para la República Dominicana
Santo Domingo.- La salud pública en República Dominicana no se limita a hospitales y consultorios, sino que también se define en los presupuestos y prioridades del Estado. Estas decisiones pueden determinar cuánto de los costos de una enfermedad deben asumir las familias.
José Horacio Rodríguez, presidente de Opción Democrática, destaca la necesidad de revisar estas prioridades y asumir la salud como una inversión pública fundamental. Según Rodríguez, las decisiones políticas son cruciales para garantizar mejores servicios de salud.
Rodríguez recuerda que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030 fue construida con un amplio consenso, pero critica que sus objetivos sanitarios no se han cumplido. Señala que la inversión en salud debería superar el 5 % del PIB para 2025-2026, tomando como referencia a Costa Rica, donde la inversión es del 8 %.
El dirigente político subraya que las familias no deberían hipotecar su futuro para acceder a tratamientos médicos. La salud debe ser un derecho garantizado por el Estado, no un servicio dependiente de la capacidad económica.
Un estudio reciente muestra que la salud no es solo un gasto estatal, sino una actividad económica significativa. En 2021, la Economía de la Salud representó el 7.5 % del PIB dominicano, generando alrededor de 500,000 empleos directos.
El informe revela que cada dólar invertido en salud genera US$0.80 adicionales en la economía. Las intervenciones sanitarias mejoran ingresos, productividad y esperanza de vida, beneficiando a toda la sociedad.
Sin embargo, la inversión pública en salud en República Dominicana es del 2.9 % del PIB, por debajo del 6 % recomendado por la OMS. Esto puede llevar a debilidades en atención primaria y mayores costos para las familias.
Casos como el de Martha, quien enfrenta gastos médicos significativos para su hijo y esposo, ilustran el impacto de la falta de inversión. La salud mental, en particular, enfrenta retos de continuidad y acceso a servicios.
El Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026-2030 busca aumentar su participación en el presupuesto de salud al 5 %. Se propone fortalecer la prevención y los servicios comunitarios para aliviar la carga sobre las familias.
Rodríguez insiste en que la discusión sobre salud debe ir más allá del presupuesto, enfocándose en decisiones que garanticen el derecho a la atención y eviten que los costos recaigan desproporcionadamente sobre las familias.
