Jueza decide llevar a juicio fraude en expropiaciones y descarta financiamiento ilícito de campaña
En Santo Domingo, la jueza Altagracia Ramírez emitió una decisión clave en el caso conocido como Calamar, al discernir entre dos acusaciones presentadas por el Ministerio Público. Por un lado, validó la acusación de fraude en el manejo de expropiaciones estatales, mientras que rechazó la alegación de financiamiento ilícito de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2020.
El caso Calamar, que desde sus inicios atrajo la atención pública como un escándalo de corrupción administrativa, involucra dos líneas investigativas distintas, unificadas por el Ministerio Público en un solo expediente. La primera línea, ahora enviada a juicio, acusa a funcionarios y particulares de manipular pagos relacionados con expropiaciones, beneficiando irregularmente a ciertos individuos.
Figuras prominentes como Donald Guerrero y Ángel Lockward se encuentran en el centro de esta controversia. La jueza determinó que existen elementos suficientes para que un tribunal evalúe las acusaciones de fraude en los procesos de expropiación y pago.
Por otro lado, la acusación de que parte de los fondos de las expropiaciones se desvió para financiar la campaña presidencial de Gonzalo Castillo fue desestimada. Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, inicialmente vinculados a esta acusación, fueron favorecidos con un auto de no ha lugar, sugiriendo la falta de pruebas contundentes para sostener dicha acusación en un juicio.
Mientras Guerrero y Lockward enfrentan el juicio por las expropiaciones, Castillo y Peralta quedan exonerados de la acusación electoral, lo que supone un alivio para su futuro político. En particular, Castillo recibe esta noticia poco después de la restitución de su visado estadounidense, lo que podría revitalizar su carrera dentro del PLD. Sin embargo, el proceso judicial sobre las expropiaciones continúa, centrado en la legitimidad de los pagos realizados por el Estado.
