La Reforma Policial: Un Proyecto Millonario Sin Auditoría
Seis años después de anunciarse la reforma policial, el Gobierno aún no ha aclarado cuánto dinero ha invertido el Estado ni qué beneficios ha recibido la sociedad.
La Cámara de Cuentas presentó una auditoría sobre la Policía Nacional para el período 2020-2022, revelando irregularidades administrativas y financieras. Sin embargo, no auditó la reforma policial ni el Ministerio de Interior y Policía, encargado de supervisar gran parte del proceso.
El país sigue sin conocer el costo real de una reforma que ha movilizado miles de millones de pesos en recursos públicos y cooperación internacional.
La transparencia no se limita a publicar informes contables, sino a demostrar si los recursos públicos han mejorado la eficiencia institucional y la seguridad ciudadana. Hasta ahora, no hay evidencia de tal mejora.
La inseguridad sigue siendo una preocupación nacional, con hechos de violencia y desconfianza ciudadana que indican que la reforma no ha cumplido sus promesas.
El Gobierno promueve una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional como solución, pero la ciudadanía evalúa la reforma por los resultados en las calles, no por discursos oficiales.
Surgen preguntas sobre la necesidad de modificar la Ley núm. 590-16 y la incorporación de civiles en funciones administrativas, lo que rompe el orden jerárquico.
El modelo de gestión actual ha permitido que funcionarios extranjeros influyan en áreas estratégicas de la administración policial, sustituyendo competencias internas.
El Gobierno debe explicar los fundamentos jurídicos de estos cambios y garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
Sin una evaluación integral de la reforma de 2021, impulsar una nueva ley parece admitir que los objetivos no se alcanzaron.
Las instituciones policiales no fracasan por falta de leyes, sino por falta de dirección estratégica, evaluación y transparencia.
El país necesita saber el costo de la reforma anterior, quién administró los recursos, qué metas se cumplieron y quién asumirá la responsabilidad política por los resultados.
