Ley 30-26: Un Impulso a la Economía y Sostenibilidad Fiscal en República Dominicana
La Ley 30-26, promulgada el 18 de junio de 2026, llega en un momento crucial para las finanzas públicas dominicanas. Su objetivo es fomentar el crecimiento sostenible, mejorar el cumplimiento tributario y crear un entorno favorable para la inversión y el empleo.
Esta legislación no solo se centra en modificaciones tributarias, sino también en el gasto público, la inversión estatal y la gestión de la deuda. Recaudar mejor es esencial, pero gastar eficientemente es igualmente crucial.
La Ley introduce cambios en el Código Tributario, buscando aumentar la presión tributaria a largo plazo con reglas más simples. Por ejemplo, reduce la retención del ISR del 27 % al 15 % para ciertos pagos a proveedores no residentes.
El éxito de estas modificaciones dependerá de la capacidad del Estado para transformar mayores ingresos en mejores servicios públicos e infraestructura. Si el aumento de la recaudación se destina principalmente a gastos permanentes, el impacto en el crecimiento podría ser limitado.
El presupuesto del Gobierno Central ha mostrado un crecimiento significativo, pasando de RD$1.25 billones en 2023 a una proyección de RD$1.623 billones en 2026. Sin embargo, el gasto corriente domina el presupuesto, limitando la capacidad de respuesta ante shocks externos.
El gasto de capital, crucial para el crecimiento, representó el 13.6 % del gasto total en 2022. La pregunta clave es cuánto de la recaudación adicional se destinará a inversión productiva frente a compromisos corrientes.
La deuda pública es otra variable crítica. Al cierre de junio de 2026, la deuda del Sector Público No Financiero alcanzó US$67,370.7 millones, un 47.9 % del PIB. La sostenibilidad fiscal requiere controlar tanto el déficit actual como el costo financiero de decisiones pasadas.
La nómina pública también ha crecido, con un aumento de 100,585 empleados entre 2022 y 2026. Este crecimiento implica mayores compromisos recurrentes para el Estado.
La Ley 30-26 busca no solo aumentar la recaudación, sino construir un sistema tributario equitativo y eficiente. La legitimidad de la reforma depende de una mayor eficiencia recaudatoria y un gasto público controlado y transparente.
El desafío fiscal no se resuelve solo con más impuestos o recortes de gastos. Se requiere una política fiscal que equilibre ingresos, gasto, inversión y deuda para lograr crecimiento económico y bienestar social.
La Ley 30-26 es una pieza clave en la política económica de 2026, pero su éxito dependerá de la calidad del gasto y la capacidad de generar beneficios económicos y sociales.
