Ministerio Público Impulsa Juicio por Caso Lobo: Fraude Millonario al Estado
El Ministerio Público ha presentado una acusación formal ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero. La acusación involucra a altos oficiales militares, civiles y un empresario en el caso de corrupción conocido como Caso Lobo, donde se alega un fraude al Estado por más de RD$100 millones.
Este expediente fue entregado tras la intimación de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien exigió al Ministerio Público presentar la acusación. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), liderada por Mirna Ortiz, ha sido la encargada de instrumentar esta acusación.
Con la presentación de la acusación, la audiencia programada para este martes ha sido cancelada, ya que el Ministerio Público cumplió con el plazo judicial establecido. Ahora, la jueza Kenya Romero deberá realizar un sorteo computarizado para asignar el caso a uno de los juzgados de la Instrucción, excluyendo al Sexto Juzgado, que ya había sido designado para conocer la medida de coerción de los imputados.
El Ministerio Público ha solicitado la apertura de un juicio de fondo contra los presuntos miembros de esta red de corrupción. Entre los acusados se encuentran altos oficiales, empresarios y civiles, quienes habrían manipulado procesos de licitación para obtener contratos de servicios de seguridad mediante sobornos.
Entre los implicados destacan el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y varios coroneles, así como el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La acusación detalla que esta red utilizaba mecanismos corruptos para asegurar contratos en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Seguro Nacional de Salud (Senasa), además de empresas distribuidoras de electricidad como Edenorte, Edeeste y Edesur.
Las investigaciones revelan que la organización operaba a través de empresas de fachada, desviando fondos públicos mediante contratos de seguridad privada, lo que resultó en pérdidas para el Estado superiores a los RD$100 millones. También se descubrió que el entramado funcionaba mediante sobornos a funcionarios encargados de los procesos de contratación pública, afectando los recursos destinados a servicios esenciales.
