Opacidad en Investigaciones de Muertes por Intervenciones Policiales en República Dominicana
La Procuraduría General de la República (PGR) ha mantenido en reserva los detalles sobre las investigaciones de muertes ocurridas en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional. A pesar de una solicitud de Diario Libre, la institución no precisó cuántos casos han sido investigados ni los resultados de dichas pesquisas.
El pedido abarcaba el periodo de enero a septiembre de 2026 e incluía preguntas sobre el número de fallecidos, investigaciones abiertas, y agentes procesados. Sin embargo, la PGR se amparó en la protección de datos personales y la reserva de investigaciones penales para no divulgar esta información.
La Procuraduría argumentó que la divulgación de ciertos datos podría comprometer procesos judiciales y derechos de terceros, citando los artículos 17 y 18 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, número 200-04, y el artículo 294 del Código Procesal Penal.
A pesar de las justificaciones, varias preguntas buscaban cifras generales y resultados procesales, sin requerir acceso a pruebas reservadas. Entre las informaciones no suministradas figuran cuántas muertes fueron investigadas penalmente y cuántos casos derivaron en procesos judiciales.
La falta de respuesta también dejó sin aclarar el protocolo que aplica el Ministerio Público cuando una persona fallece durante una intervención policial. Se solicitó información sobre la preservación de la escena, autopsias, análisis balísticos y entrevistas a testigos, sin obtener respuesta.
La solicitud se realizó en un contexto de aumento de muertes clasificadas como “acción legal” por la Policía Nacional. En septiembre, se reportaron 55 fallecidos bajo esta clasificación, representando el 44% de los homicidios del mes.
La clasificación de una muerte como “acción legal” no implica una determinación judicial sobre la legalidad del uso de la fuerza, lo que motivó la solicitud de información para conocer las investigaciones y posibles irregularidades identificadas por los fiscales.
