Organizaciones Rechazan Plan Anticrisis del Gobierno Dominicano
Santo Domingo.- Diversas organizaciones han expresado su rechazo al plan anticrisis presentado por el gobierno dominicano, cuyo objetivo es mantener la estabilidad macroeconómica y asegurar la inversión pública en medio de la crisis económica global.
La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), la Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (Acadisando), y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp) han solicitado al presidente Luis Abinader detener de inmediato esta “reforma”.
Estas organizaciones consideran que la propuesta debe ser presentada a la ciudadanía a través de las organizaciones sociales del Gran Santo Domingo, para que la población esté informada sobre los planes del mandatario y su equipo económico.
Rechazan cualquier intento de reforma fiscal que implique aumentos de impuestos y productos de primera necesidad, argumentando que “el pueblo dominicano ya no aguanta más”.
También proponen la reducción de salarios públicos, especialmente de los funcionarios, y la revisión de las exenciones fiscales.
Dirigentes como Alexis Rafael Peña, Ángel Molina, Barbina Herrera, Altagracia Brand, Fiordaliza Guzmán, Ynocencio Reyes, Felicita Dismehy, Arsenio Pineda, Danny Feliz, Fabio Correa y Santo Carvajal Santo exigen un debate amplio con participación ciudadana.
Las medidas del gobierno incluyen una amnistía tributaria, el mantenimiento de programas sociales para sectores vulnerables y la eliminación del anticipo a microempresas.
La principal medida de consolidación fiscal es una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) Empresarial, que se elevaría al 30% durante tres años, aplicable solo a grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD 1,000 millones anuales.
La iniciativa también busca reducir la presión fiscal sobre segmentos de menores ingresos e incrementar la deducción por gastos educativos del 25% al 30%, y hasta el 50% cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.
