Organizaciones Rechazan Proyecto Fiscal por Falta de Consenso Social
Santo Domingo.- Diversas organizaciones comunitarias, académicas y movimientos sociales, reunidos en el Espacio Justicia Fiscal, han manifestado su rechazo al Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, presentado ante el Congreso Nacional.
Estas entidades argumentan que la propuesta no representa una reforma fiscal integral y podría agravar las desigualdades del sistema tributario dominicano en lugar de corregirlas.
El colectivo sostiene que el proyecto busca aumentar la capacidad recaudatoria del Estado sin realizar cambios estructurales necesarios para una distribución más justa de las cargas tributarias.
Aunque se incluyen nuevos mecanismos de control y algunas medidas progresivas, las organizaciones critican que no se garantiza que el esfuerzo fiscal recaiga sobre los sectores de mayores ingresos.
Un punto especialmente controvertido es la inclusión de una nueva amnistía fiscal, que según el Espacio Justicia Fiscal, beneficia a quienes han incumplido sus obligaciones tributarias y envía un mensaje negativo a la ciudadanía.
La iniciativa también evita discutir aspectos estructurales del sistema fiscal, como las exenciones tributarias y la tributación de las rentas del capital, lo que ha reducido la capacidad recaudatoria del Estado.
Las organizaciones expresan preocupación por la falta de compromisos sobre la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, y denuncian que el proceso de discusión ha sido limitado a acuerdos entre el Poder Ejecutivo y sectores empresariales.
Advierten que una aprobación acelerada del proyecto violaría el espíritu del artículo 36 de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que exige un proceso amplio de concertación nacional.
El Espacio Justicia Fiscal solicita al Congreso Nacional detener el proceso acelerado y abrir un debate participativo sobre la política fiscal, incluyendo temas de ingresos, gasto público y transparencia.
Recaudar más sin corregir las inequidades estructurales podría profundizar las brechas sociales y limitar la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales como educación, salud y protección social.
