Panamá Busca Flexibilidad Fiscal para Enfrentar los Daños del Terremoto

El Gobierno de Panamá ha anunciado su intención de solicitar a la Asamblea Nacional una dispensa fiscal. Esta medida busca ampliar el margen presupuestario necesario para enfrentar los daños causados por el reciente terremoto de magnitud 7,5.

La dispensa permitiría una suspensión temporal de los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Esto facilitaría la asignación de recursos para atender las necesidades urgentes de las comunidades afectadas y reparar la infraestructura pública dañada.

La solicitud, incluida en la Resolución de Gabinete del 10 de octubre de 2026, requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Actualmente, el límite de déficit para el Sector Público No Financiero es del 3,5 % del PIB, pero se contempla la posibilidad de modificarlo temporalmente.

El Consejo de Gabinete ha autorizado hasta 100 millones de dólares para contrataciones especiales relacionadas con la emergencia. Estos fondos se destinarán a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la reconstrucción.

Las instituciones públicas deberán justificar sus necesidades y los pagos se gestionarán a través de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que el país cuenta con recursos para las necesidades inmediatas, aunque aún no se ha completado la evaluación de daños.

Además, Panamá podría contar con financiamiento internacional. La CAF y el BID han ofrecido líneas de crédito y donaciones para apoyar la recuperación. En total, se han anunciado hasta 350 millones de dólares en financiamiento y 750.000 dólares en recursos no reembolsables.

El epicentro del terremoto se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la península de Azuero. Las autoridades continúan evaluando los daños y priorizando la recuperación de servicios esenciales en las comunidades afectadas.