PNUD Alerta sobre la Disminución del Presupuesto del Poder Judicial en RD
Santo Domingo.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha revelado una preocupante disminución en la participación del presupuesto asignado al Poder Judicial dentro del Presupuesto General del Gobierno Central de la República Dominicana.
Según el informe titulado ‘Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible’, la participación presupuestaria del Poder Judicial ha caído de 1.05 % en 2019 a 0.87 % en 2025, a pesar del aumento en el gasto público y la creciente demanda de servicios judiciales.
El estudio destaca que esta reducción se produce en un contexto donde los tribunales han recibido y resuelto un número creciente de casos, mientras que la proporción de jueces no ha crecido al mismo ritmo que la población.
Entre 2021 y 2025, los casos ingresados en los tribunales aumentaron de 498,722 a más de 1.1 millones, y los casos resueltos también superaron el millón. La tasa de resolución de asuntos judiciales mejoró de 90.8 % a 98.4 %, y el tiempo promedio para resolver casos se redujo de 95 a 75 días.
Sin embargo, la proporción de jueces por cada 100,000 habitantes disminuyó de 7.36 en 2021 a 6.62 en 2025, lo que representa una caída del 10 %. El PNUD advierte que estos avances en productividad se lograron bajo restricciones de recursos humanos y financieros, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del sistema judicial a mediano plazo.
El organismo enfatiza que la eficiencia judicial no puede mantenerse indefinidamente a costa de mayores exigencias al personal existente. Recomienda una planificación adecuada, mayor dotación de recursos, fortalecimiento institucional y una distribución equitativa de las cargas de trabajo.
Profesionales del derecho consultados para el informe vinculan la mora judicial con limitaciones en personal, infraestructura y organización institucional, y subrayan la necesidad de un mejor presupuesto para el Poder Judicial.
El PNUD reconoce los avances en la resolución de casos, pero advierte que no deben comprometer la calidad de las decisiones, el trato a los usuarios, la salud organizacional del sistema o la igualdad en el acceso a la justicia.
