Poder Ejecutivo Suprime Aranceles al Arroz en Importaciones Extra-Cuota
El presidente Luis Abinader ha derogado el decreto 693-24, que imponía aranceles de hasta un 99% a las importaciones de arroz fuera del contingente establecido.
Esta decisión se produce en un contexto de tensiones con Estados Unidos respecto al acceso del arroz bajo el Tratado de Libre Comercio DR-Cafta.
El nuevo decreto, 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026, elimina las medidas arancelarias previas, dejando sin efecto la normativa de diciembre de 2024.
Anteriormente, el decreto 693-24 establecía un arancel del 20% ad valorem para ciertas categorías de arroz, mientras que las importaciones fuera de ese cupo enfrentaban una tasa del 99%.
Además, se reservaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con un arancel del 0%. Superada esta cantidad, el arroz quedaba sujeto al arancel de Nación Más Favorecida del 99%.
La derogación ocurre en medio de negociaciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos sobre el acceso de productos agrícolas al mercado local.
El 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos instó a la eliminación del decreto 693-24, argumentando que República Dominicana debía cumplir con los compromisos del DR-Cafta.
El tema fue discutido en una reunión virtual entre representantes estadounidenses y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó.
Se abordaron también el fortalecimiento de relaciones económicas y la posibilidad de un acuerdo de comercio recíproco.
La derogación del decreto 693-24 coincide con el calendario de desgravación del DR-Cafta, que preveía la eliminación de aranceles al arroz estadounidense desde enero de 2025.
El arroz sigue siendo crucial para la producción y seguridad alimentaria dominicanas, con un consumo anual de 65 kilos por habitante y una producción local que cubre el 96% del consumo.
Otros países, como Corea del Sur y Japón, mantienen mecanismos de protección para el arroz, mientras Panamá lo considera un cultivo de seguridad alimentaria nacional.
El decreto 635-26 ordena comunicar la derogación a los ministerios pertinentes y a la Dirección General de Aduanas, entre otras instituciones, para su implementación.
