Preocupación Creciente por Muertes en Piscinas de República Dominicana
En el último año, al menos tres niños han perdido la vida en piscinas de centros recreativos y villas privadas en la República Dominicana.
La reciente tragedia de Albert Aracena ha reavivado el debate sobre la supervisión de las piscinas en el país. La pregunta central es: ¿quién se encarga de garantizar que estos lugares cuenten con el personal y las medidas necesarias para prevenir tragedias?
El informe preliminar de la autopsia de Aracena indica que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Según el propietario de New York Grill, donde ocurrió el incidente, el joven se ahogó en la piscina del local. Sin embargo, la Fiscalía de Espaillat, bajo la dirección de Yorelbin Rivas, sigue investigando el caso y no ha confirmado esta versión.
Las muertes en piscinas comerciales han provocado inspecciones y cierres preventivos, pero el país carece de un marco regulatorio nacional que exija la presencia de salvavidas capacitados.
Entre julio de 2025 y junio de 2026, tres niños fallecieron en piscinas de parques acuáticos, villas privadas y centros recreativos. En julio de 2025, Cristofer Ramírez, de cinco años, se ahogó en África Park, Santiago Oeste. La Defensa Civil denunció la falta de salvavidas en el lugar, lo que llevó a la Fiscalía a clausurar el parque.
En octubre, un niño de cuatro años murió en una villa de Loma de Cabrera sin personal de rescate ni vallas de protección. El 8 de junio de 2026, otro niño de tres años falleció en un centro recreativo de La Altagracia.
A pesar de estas tragedias, no se han impuesto sanciones económicas ejemplares. La República Dominicana no cuenta con una ley que obligue a hoteles, clubes y parques acuáticos a contratar salvavidas certificados.
Un proyecto de ley para regular el servicio de salvavidas y torres de vigilancia en balnearios y piscinas públicas permanece estancado en el Congreso. Sin embargo, las leyes de Salud y Protección al Consumidor permiten la intervención de locales que pongan en riesgo la seguridad pública.
El problema radica en la falta de supervisión preventiva y sistemática. No existe un registro público ni un protocolo de inspección continua para asegurar que los establecimientos operen con personal de rescate capacitado.
