Prestadores privados acaparan fondos del Seguro Familiar de Salud, según estudio
Un reciente estudio realizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) junto a diversas organizaciones sociales ha puesto de manifiesto que una abrumadora mayoría del 80.5% de los fondos del Seguro Familiar de Salud (SFS) fueron canalizados hacia prestadores privados entre los años 2010 y 2024. Este monto equivale a RD$597,659 millones, mientras que los prestadores del sector público apenas recibieron el 19.5%, o sea, RD$144,856 millones.
La investigación, titulada “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”, argumenta que esta distribución desigual de los recursos señala una tendencia hacia la privatización progresiva del sistema de salud, debilitando así los servicios públicos en violación de lo estipulado por la Ley 87-01.
Según el informe, durante el período analizado, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas destinaron RD$361,472 millones a prestadores privados y solo RD$50,693 millones a prestadores públicos. Además, se resalta que las transferencias de SeNaSa a prestadores privados dentro del Régimen Subsidiado aumentaron de un 21% en 2010 a un 66.9% en 2024.
El estudio también destaca que la contratación de servicios ha sido predominantemente favorable al sector privado. SeNaSa contrató a 14 veces más prestadores privados que públicos, y las ARS privadas hicieron lo propio en una proporción de 16 veces más. A pesar de las regulaciones de la Ley 87-01 y una sentencia del Tribunal Constitucional, en 2018, el 31.5% de los empleados públicos seguían afiliados a ARS privadas en lugar de SeNaSa.
En términos de beneficios económicos, se estima que entre 2007 y 2025 las ARS privadas habrán absorbido RD$87,650.3 millones en beneficios y gastos administrativos del Seguro Familiar de Salud. Los responsables del estudio sugieren que estos recursos podrían haberse utilizado para fortalecer los programas de salud pública.
Las organizaciones implicadas en el estudio hacen un llamado a la sociedad para que rechace cualquier propuesta de reforma a la Ley 87-01 que busque reducir el papel de SeNaSa o que intensifique la privatización de los servicios de salud en el país.
