Raúl Martínez Exige Investigación por Millonaria Indemnización al Estado Dominicano
Raúl Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, ha solicitado a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) que investigue la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales. Esta solicitud surge tras conocerse que el Estado dominicano podría enfrentar un pago de 2,693.9 millones de pesos debido a un proceso judicial.
La investigación publicada por Diario Libre reveló que el Estado deberá pagar esta suma por terrenos en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional. La falta de acción de los abogados de Bienes Nacionales resultó en la perención del recurso de casación, impidiendo la impugnación de la condena.
Martínez considera que el caso, por el monto involucrado, no debe ser tratado como un simple error procesal. Ha solicitado identificar a los responsables del expediente y los mecanismos de supervisión que fallaron, permitiendo que el plazo legal transcurriera sin acciones necesarias.
El Tribunal Superior Administrativo había establecido el pago de 2,693,994,196.50 pesos a los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia no pudo revisar estos argumentos debido a la perención del recurso.
Martínez subraya la necesidad de una investigación administrativa independiente, ya que el Estado quedó impedido de discutir una diferencia superior a 2,500 millones de pesos. La sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional confirmó la extinción del recurso.
Durante tres años, no se realizaron las acciones procesales necesarias para avanzar el expediente, a pesar de que la legislación ofrecía mecanismos para evitar la perención. Martínez pide a la Digeig determinar quiénes eran los responsables del proceso y si hubo negligencia o fallas de supervisión.
El dirigente también considera crucial evaluar si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas a tiempo sobre la situación y qué controles existían para proteger los intereses del Estado. Martínez insta a la Digeig a actuar de oficio y presentar los resultados de la investigación ante la gravedad de las informaciones.
