Reforma Fiscal: Un Desafío para la Economía y la Seguridad Ciudadana

La reciente reforma fiscal se presenta en un momento crítico para la República Dominicana, con una economía en desaceleración y una inflación alimentaria que supera el 6%. La pérdida de poder adquisitivo de las familias se agrava con la extracción de RD$50,000 millones del sector privado hacia el gobierno, sin una explicación clara sobre su destino.

La inseguridad ciudadana es una preocupación creciente, ya que el aumento del costo de vida y la reducción de oportunidades económicas crean un terreno propicio para la delincuencia. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional señalan que los delitos contra la propiedad aumentan en estos contextos.

No se puede afirmar que la pobreza genera delincuencia automáticamente, pero un gobierno que encarece la vida y no ofrece soluciones efectivas fomenta la conflictividad social y las economías ilegales. La seguridad se deteriora mientras las autoridades no logran frenar el crimen organizado y la violencia social.

La conexión entre economía y seguridad es innegable. Menos inversión significa menos empleos y oportunidades, lo que incrementa la vulnerabilidad social. Pedir más sacrificios a los ciudadanos sin mejorar la eficiencia pública solo agrava la situación.

Después de casi seis años de gobierno, la falta de resultados en seguridad y eficiencia institucional es evidente. El gasto corriente aumenta, mientras se destinan grandes sumas a publicidad y se amplían las estructuras burocráticas.

La seguridad ciudadana no se logra con discursos optimistas, sino con resultados tangibles, prevención, empleos e inversión. El país necesita políticas serias y transparentes que aborden las causas de la inseguridad.

La Ley 30-26 impactará rápidamente en el costo de vida y la capacidad de compra de los ciudadanos. No se puede seguir financiando una burocracia ineficiente mientras los problemas de seguridad y calidad de vida persisten sin solución.