Reforma Judicial: Un Reto de Accesibilidad en República Dominicana
La reforma del sistema judicial en República Dominicana enfrenta el desafío de mejorar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Entre 2021 y 2025, los tribunales han incrementado su eficiencia al resolver el 98.4% de los casos recibidos. Sin embargo, esta cifra no refleja los conflictos que nunca llegan a juicio debido a barreras económicas y logísticas.
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, enfatiza que el verdadero éxito de la reforma se medirá por cuántas personas pueden acceder y permanecer en el sistema judicial.
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca avances como la reducción del tiempo de resolución de casos y la digitalización de documentos. No obstante, señala que las mejoras deben traducirse en un acceso efectivo y equitativo.
Las barreras identificadas incluyen obstáculos económicos, territoriales, digitales y de información, que impiden a muchos ciudadanos reclamar sus derechos.
La minería, por ejemplo, depende de la seguridad jurídica para su viabilidad, y la distancia a las sedes judiciales afecta tanto a empresas como a comunidades locales.
La agenda del magistrado Montero busca actualizar la organización judicial y unificar plataformas digitales, lo cual podría reducir costos y tiempos si se implementa adecuadamente.
La ética institucional y la transparencia son esenciales para generar confianza en el sistema, tanto para ciudadanos como para inversionistas.
El desarrollo de República Dominicana depende de un sistema judicial accesible, donde reclamar derechos no sea una carga insostenible y donde invertir no implique riesgos innecesarios.
