Reforma Policial en República Dominicana: Un Desafío en Medio de Controversias
La juventud sigue siendo el grupo más afectado por las muertes en intervenciones policiales, en medio de un proceso de reforma institucional en la República Dominicana.
En los últimos tres meses, varios casos han involucrado a agentes de la Policía Nacional en muertes de civiles, fallecimientos bajo custodia e intervenciones que han derivado en investigaciones judiciales. Estos incidentes han puesto a prueba la reforma policial, cuyo principal reto es reflejar cambios en el comportamiento de los agentes en las calles.
A pesar de los esfuerzos por transformar el cuerpo del orden, cada nuevo caso reaviva el debate sobre la aplicación de protocolos de uso de la fuerza y la capacidad de la institución para fortalecer la confianza ciudadana.
Según el proyecto ‘Patrulla Letal’ de Diario Libre, desde 2020, al menos 273 jóvenes entre 16 y 35 años han muerto en incidentes con la Policía Nacional. De las 2,445 muertes reportadas entre 2004 y 2026, se pudo establecer la edad de 1,298 víctimas, siendo los jóvenes la mayoría.
El reciente caso de Miguel Antonio Lucas, quien falleció bajo custodia en San Cristóbal, ha generado protestas y cuestionamientos. El presidente Luis Abinader ha pedido esperar los resultados de las investigaciones.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, defiende la continuidad de la reforma, afirmando que busca corregir rezagos históricos. La reforma ya fue aprobada en el Senado y está en manos de la Cámara de Diputados.
Otros casos recientes incluyen la muerte de Darlin Mercado Reyes en Santo Domingo Oeste y Bartolo Rodríguez en La Altagracia, ambos en intervenciones policiales. Estos incidentes han provocado protestas y acciones legales contra los agentes involucrados.
La reforma policial busca mejorar la supervisión interna y profesionalizar la institución, pero los recientes eventos han centrado el debate en la ejecución de protocolos y la respuesta institucional ante denuncias de uso excesivo de la fuerza.
La capacidad de la reforma para generar cambios visibles en el desempeño de los agentes y en la relación con la ciudadanía sigue siendo uno de sus mayores desafíos.
