Reforma Policial: Un Desafío en Tres Dimensiones

La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 255 que la Policía Nacional tiene el mandato de proteger la seguridad ciudadana, prevenir el delito y mantener el orden público. Este mandato es categórico y no meramente programático.

En el contexto de una reforma seria de la seguridad pública, se identifican tres planos esenciales: normativo, operativo e institucional. Sin embargo, el debate en el país parece centrarse únicamente en el aspecto normativo, como si la legislación por sí sola pudiera resolver los otros dos aspectos.

Un ejemplo claro es la Ley 590-16, vigente desde julio de 2016, que requería la creación de diecisiete instrumentos reglamentarios. Aunque el Reglamento de Aplicación fue aprobado en enero de 2022, muchos reglamentos internos aún no han sido implementados, lo que refleja un respaldo normativo sin una traducción operativa efectiva.

El tercer plano, la interiorización de las normas en la cultura corporativa de la Policía, sigue siendo un desafío. Las normas son un marco necesario, pero no suficiente, para cambiar la cultura institucional. La promulgación de una ley no garantiza su implementación efectiva, y confundir ambos procesos puede llevar a un derecho simbólico sin supervisión ni rendición de cuentas.

El proyecto de reforma policial, presentado al Senado en diciembre de 2025, aún no ha sido aprobado definitivamente. Aunque el Senado mostró compromiso al aprobarlo en primera lectura, ahora es el turno de la Cámara de Diputados de avanzar en el proceso.

Es importante reconocer que la reforma normativa es solo el primer paso hacia una transformación operativa e institucional. La verdadera transformación ocurrirá más allá del Congreso, en un proceso que requiere tiempo y dedicación para ser efectivo.