República Dominicana Adopta Código de Ética para la Inteligencia Artificial en Servicios Públicos

Santo Domingo.- La implementación de la inteligencia artificial en los servicios públicos de República Dominicana promete agilizar trámites y mejorar la atención ciudadana, siempre respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Este compromiso se formaliza con el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, aprobado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 787-26, el 2 de noviembre de 2026.

Aunque el código está dirigido a las instituciones estatales, su impacto es directo sobre la población, especialmente en procedimientos administrativos y decisiones que afectan a las personas.

Un aspecto crucial es el derecho de los ciudadanos a saber cuándo una decisión o servicio público ha sido influenciado por inteligencia artificial, con la posibilidad de solicitar explicaciones y revisiones humanas.

La normativa también protege la privacidad y la información personal, prohibiendo decisiones discriminatorias basadas en condiciones económicas o características individuales.

Prácticas como la clasificación social para el acceso a derechos o el uso de IA para manipular comportamientos mediante propaganda política están prohibidas.

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental supervisará la ética, mientras que la OGTIC brindará apoyo técnico.

El código incluye evaluaciones de impacto, mecanismos para denuncias ciudadanas y un portal público con información sobre los sistemas de inteligencia artificial utilizados.

Las instituciones tienen 180 días para adecuar sus procedimientos a partir de la publicación del decreto.

Edgar Batista, director general de la OGTIC, destacó que este decreto es un paso trascendental hacia un modelo de gobernanza digital que pone la tecnología al servicio de las personas.

Batista valoró la iniciativa del presidente Abinader, en colaboración con la Alianza para el Gobierno Abierto, para establecer reglas claras que garanticen un uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el Estado.

Las instituciones deberán registrar y publicar información sobre los sistemas de inteligencia artificial que utilizan, promoviendo la transparencia en su uso.