República Dominicana Intensifica Lucha Contra el Terrorismo Medioambiental
El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha dado un paso firme en la lucha contra las agresiones ecológicas al emitir un decreto que declara de alta prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental. Esta medida, presentada por el presidente Luis Abinader, busca enfrentar de manera contundente los daños al medio ambiente.
A pesar de esta acción ejecutiva, el Congreso enfrenta un estancamiento legislativo que ha frenado la aprobación de varios proyectos de ley cruciales para la protección ecológica. Entre ellos, destaca la propuesta de ecocidio, que incluye penas de hasta 20 años de prisión y responsabiliza a empresas por daños ambientales.
La diputada Llaniris Espinal ha presentado un paquete de cuatro proyectos de ley que permanecen congelados desde 2025. Estos proyectos buscan establecer un marco legal permanente, financiamiento garantizado y tipificaciones penales que el decreto actual no contempla.
Uno de los proyectos propone incorporar el delito de ecocidio al ordenamiento jurídico, definiéndolo como el daño grave, extenso o duradero contra la biodiversidad y los ecosistemas. Además, extiende la responsabilidad penal a las empresas, permitiendo la clausura y disolución de las infractoras.
Otro proyecto en estudio desde junio busca declarar la cordillera Central como “Territorio de Seguridad Nacional y Soberanía Ecológica”, prohibiendo la minería metálica y extinguiendo concesiones existentes. También se propone que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana destine un porcentaje de sus ingresos a la restauración de ríos.
En la Cámara de Diputados se discute otra propuesta que declara la cordillera Septentrional como Patrimonio Natural, prohibiendo la minería metálica y estableciendo penas severas para los infractores. Además, se contempla la creación de un Centro Tecnológico de Vigilancia Ambiental.
Un proyecto adicional busca regular el arbolado urbano y proteger áreas verdes, reconociendo la personalidad jurídica de los árboles como seres vivos. Este marco legal busca superar la debilidad de las leyes previas, que permitían la rápida liberación de infractores.
El nuevo decreto del Poder Ejecutivo se apoya en el Código Penal vigente desde agosto, aplicando condenas de 20 a 30 años de prisión para quienes atenten contra áreas protegidas. Se ordenan operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia para proteger los parques nacionales.
Mientras el Poder Ejecutivo toma medidas inmediatas, el Congreso sigue en pausa con reformas necesarias para regular delitos ambientales y prohibir extracciones de metales en cordilleras clave para el abastecimiento de agua.
