República Dominicana: Urge Actualizar Ley de Drogas de 1988

Santo Domingo. En un contexto donde el narcotráfico y el crimen organizado evolucionan constantemente, las autoridades dominicanas enfrentan el desafío de operar bajo una legislación de 1988.

La Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, vigente desde hace 38 años, está en proceso de revisión por el Congreso Nacional debido a sus limitaciones para abordar las nuevas modalidades de tráfico de sustancias ilícitas.

El vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), enfatiza la necesidad de actualizar este marco legal para mejorar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado y alinearse con las normativas internacionales.

La preocupación es especialmente relevante ante la aparición de nuevas sustancias químicas y métodos de operación del tráfico de drogas que no estaban contemplados en la legislación original.

Cabrera Ulloa destacó la importancia de que el país se ajuste a las normativas internacionales durante un taller en el Senado, con la participación de representantes del Congreso, la Procuraduría General de la República y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Uno de los desafíos de la ley actual es su falta de cobertura adecuada para las drogas sintéticas, que aunque no son prevalentes en el país, podrían convertirse en un problema creciente.

La actualización de la Ley 50-88 incluiría nuevas figuras jurídicas, como la conspiración, para permitir acciones legales desde las etapas iniciales del narcotráfico.

Además, se busca modificar el tratamiento de la reincidencia en delitos de drogas, ya que actualmente las penalidades mínimas no disuaden a los reincidentes.

El Congreso Nacional ya ha iniciado la discusión sobre la reforma de la Ley 50-88, con la procuradora general anunciando la presentación de una propuesta de reforma el 15 de septiembre.

El proyecto no solo abordará nuevas modalidades de tráfico y sanciones, sino que también establecerá políticas de prevención y fortalecerá la capacidad de respuesta del Estado.

El reto será actualizar una legislación que ha sido fundamental durante 38 años, pero que ahora debe adaptarse a un escenario criminal en constante cambio.