Retrasos en el Sistema Penal Dominicano: Un Problema de Derechos Humanos

La escasez de vehículos para el traslado de detenidos se ha convertido en una excusa frecuente para las demoras en el sistema de justicia dominicano.

La Constitución de la República Dominicana establece que una persona detenida debe ser presentada ante un juez en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, en la práctica, este plazo se extiende a días, semanas o incluso más de un mes.

Incluso cuando un tribunal ordena la libertad de un detenido, el proceso de salida del destacamento no es inmediato.

Este problema se ha evidenciado con 13 ciudadanos que han permanecido más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido presentados ante un juez ni tener un proceso penal registrado en su contra.

Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su liberación inmediata, varios días después la decisión aún no se había ejecutado.

La liberación de estos 13 detenidos fue ordenada tras una inspección de la Defensa Pública que encontró a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece de ellas llevaban más de un mes sin comparecer ante un juez.

Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con estas personas.

El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero este no fue el único caso. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, se encontró a otro hombre que llevaba casi 12 días detenido sin haber sido presentado ante un juez.

Los agentes explicaron que el retraso se debía a la falta de vehículos para trasladarlo a la fiscalía. Sin embargo, al consultar el sistema del Poder Judicial, se descubrió que no existía una solicitud de medida de coerción, lo que llevó a interponer un nuevo hábeas corpus.

Para la Defensa Pública, la falta de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más comunes para justificar los retrasos.

“No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos”, explicó Figuereo.

Esta situación afecta no solo a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también a las audiencias de medidas de coerción.

“Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado”, aseguró.

El hábeas corpus tampoco siempre acelera la libertad. Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.

Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.

“La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida”, afirmó.

El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.

El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.

Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.

Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.

“Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas”, señaló la defensora pública Dilenny Morel.

La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.

Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.

Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.