SCJ Implementará Tribunales Móviles y Regulará Desalojos para Combatir Inseguridad Jurídica
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, ha presentado un ambicioso plan de 100 días que busca agilizar los procesos penales mediante la implementación de tribunales móviles en las cárceles más congestionadas. Esta medida pretende evitar el traslado de imputados y sus familiares, reduciendo así los aplazamientos.
Montero también ha propuesto un proyecto de ley para regular la ejecución de sentencias, con el objetivo de eliminar las prácticas irregulares en desalojos y embargos, que a menudo generan inseguridad jurídica y actos de “vandalismo”.
Durante un encuentro con la prensa, Montero destacó la importancia de aumentar el uso de inteligencia artificial en los tribunales, especialmente para resolver casos de alta frecuencia que no son complejos. Esto permitirá que los tribunales se concentren en expedientes que requieren más atención.
El presidente de la SCJ subrayó que la ejecución de sentencias se ha convertido en un problema, especialmente en el ámbito civil, donde se asocia con actos indecorosos que afectan la dignidad humana. Montero recordó que, según el artículo 149 de la Constitución, los tribunales son responsables de administrar justicia y ejecutar lo juzgado.
Montero también aseguró que su despacho estará abierto a cualquier ciudadano para escuchar sus quejas y guiarlas por los trámites legales adecuados, siempre respetando los protocolos establecidos por la ley.
La iniciativa de los tribunales móviles se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio Público y la Oficina de Defensa Pública, y se trasladarán según la demanda en los centros penitenciarios. Montero afirmó que esta estrategia ya ha sido aplicada con éxito en el pasado.
El plan de trabajo del primer cuatrimestre se centrará en cuatro ejes estratégicos: integridad, participación, eficiencia y fortalecimiento institucional. Se busca mejorar la respuesta judicial y reducir los retrasos en la resolución de casos.
Finalmente, Montero enfatizó la importancia de la integridad para fortalecer la confianza en el sistema judicial, promoviendo una política institucional antisoborno con el apoyo de la OCDE para incorporar buenas prácticas internacionales.
