Senador Barón Duluc propone ampliar a dos años la responsabilidad penal empresarial
El senador Rafael Barón Duluc, representante de la provincia La Altagracia, ha presentado un proyecto de ley que busca modificar el artículo 31 del Código Penal, extendiendo a dos años el plazo para la implementación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Actualmente, el nuevo Código Penal establece que las disposiciones sobre responsabilidad penal empresarial entrarían en vigor en noviembre de 2026, tras un período de adaptación de tres meses. Sin embargo, el senador propone extender este plazo a 24 meses.
La propuesta ha sido depositada en la Secretaría General del Senado y comenzará su trámite en el Congreso Nacional. De ser aprobada por ambas cámaras, será remitida al Poder Ejecutivo para su sanción.
El proyecto de ley aclara que esta extensión no afectará las demás disposiciones del código ni la responsabilidad penal de las personas físicas. Busca facilitar una implementación ordenada y garantizar la adecuada preparación de las entidades involucradas.
Durante este período, se espera que la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y otros organismos desarrollen programas de capacitación para facilitar la aplicación del nuevo régimen.
El enfoque estará en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en cooperativas y asociaciones sin fines de lucro, considerando su tamaño y capacidad económica.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) también jugará un papel clave, promoviendo modelos de referencia y asistencia técnica para que las empresas adopten programas de cumplimiento y prevención.
La propuesta establece que durante estos dos años, ninguna persona jurídica podrá ser sancionada bajo las disposiciones de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 74-25, que regulan la responsabilidad penal empresarial.
Estos artículos detallan las condiciones bajo las cuales una empresa puede ser considerada responsable penalmente, incluyendo circunstancias atenuantes y la posibilidad de exención si se demuestra la implementación de controles eficaces.
