Solicitan Prisión Preventiva para Implicados en Caso Onco14
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ha solicitado este lunes la imposición de 18 meses de prisión preventiva para los tres principales acusados de desfalcar al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Los imputados habrían utilizado el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para desviar, mediante diversas maniobras, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), afectando gravemente al Estado dominicano y a los pacientes oncológicos del régimen subsidiado.
La solicitud, presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, también pide que el caso sea declarado complejo y que se imponga prisión a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del patronato.
La medida de coerción incluye a Luisa Yasiris Guzmán, esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado, quien actuó como vicepresidenta y auditora de la institución.
Los acusados fueron arrestados durante la Operación Onco14. Según la investigación, utilizaron las entidades Vargas Guzmán Accounting Center y la Fundación Tócate RD para desviar fondos a través de fraude clínico y farmacéutico.
El expediente revela prácticas alarmantes como la alteración de indicaciones médicas, uso de sellos falsos, doble facturación al SeNaSa y entrega incompleta de tratamientos. Además, prohibían donaciones gratuitas para luego vender los medicamentos donados, ingresaban mercancía de contrabando y traficaban con sustancias controladas.
El Ministerio Público también documentó el uso de habitaciones del oncológico para cirugías estéticas, así como la emisión de viáticos ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles.
La estructura operó bajo la dirección de Lora Cruceta, quien asumió la presidencia del IORC en octubre de 2018 y se mantuvo de forma irregular hasta octubre de 2025, evidenciando su intención de controlar los recursos destinados a los tratamientos del cáncer.
Durante los allanamientos, la Pepca y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional, incautaron dinero en efectivo, armas de fuego, vehículos y evidencias digitales vinculadas a sabotaje informático.
El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, lavado de activos y delitos de alta tecnología, atentando contra una institución médica fundada en 1964 para salvar vidas en la región del Cibao.
