Suspensión de Consulta del PLD Revela Profundas Tensiones Internas
La cancelación de la consulta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha dejado al descubierto las diferencias entre sus aspirantes, aplazando hasta 2027 una medición de fuerzas que ya había generado disputas.
El proceso, cancelado por falta de equipos para la votación automatizada, llevaba meses acumulando tensiones internas. Gonzalo Castillo expresó su desacuerdo con la cancelación, aunque anunció que acatará la decisión.
Francisco Domínguez Brito, quien había consultado a la Junta Central Electoral (JCE) sobre la viabilidad jurídica del mecanismo, respaldó que se respete la decisión. Francisco Javier García había cuestionado el tratamiento de más de medio millón de ciudadanos con afiliaciones múltiples.
Las diferencias alcanzaban aspectos centrales de la consulta, como su encaje en la legislación electoral y las condiciones en que los aspirantes medirían su respaldo. La cancelación deja esas controversias sin una prueba en las urnas y mantiene abierta la competencia por la candidatura peledeísta en 2028.
Una de las principales disputas internas surgió por la situación de 523,781 ciudadanos con afiliaciones en varias organizaciones políticas. La Conap dispuso que completaran un procedimiento para confirmar su condición, lo que provocó cuestionamientos de García.
La comisión rechazó que estuviera excluyendo ciudadanos del padrón y negó conocer sus preferencias. Sin embargo, la controversia sobre un universo de votantes cuyo tamaño lo convertía en un elemento relevante de la competencia no se eliminó.
Hasta pocos días antes de la cancelación, el partido continuaba afinando las reglas de participación. El anuncio de la Conap tampoco produjo una reacción uniforme entre los aspirantes.
Cristina Lizardo, coordinadora de la Conap, informó que se necesitaban al menos 2,200 equipos, de los cuales la JCE facilitó 600, dejando un faltante de 1,600. Continuar sin esos dispositivos habría contravenido el mandato del Comité Central.
La Conap informó que el proceso será retomado a partir de julio de 2027. Mientras, los aspirantes podrán continuar sus actividades políticas, pero sin el resultado que debía ordenar sus fuerzas.
La JCE advirtió que la consulta prevista para octubre no tenía respaldo en el ordenamiento electoral vigente. La controversia también llegó al Tribunal Superior Electoral (TSE), que fusionó dos expedientes contra decisiones del Comité Central.
Una de las acciones solicitaba anular la resolución que aprobó la consulta y reclamaba el cumplimiento de la sentencia TSE/0011/2025. En septiembre, el tribunal declaró inadmisible un amparo que buscaba suspenderla.
