Transformaciones y desafíos en la gestión judicial de Henry Molina
La administración de Henry Molina al frente del Poder Judicial en la República Dominicana se ha caracterizado por un profundo proceso de reforma enfocado en la modernización y eficiencia del sistema judicial. Este esfuerzo se ha visto reflejado en la implementación de nuevas tecnologías y en el desarrollo de proyectos de infraestructura significativos, como la construcción de la primera Ciudad Judicial y la planificación de un nuevo Palacio de Justicia. Sin embargo, no todo ha sido fácil, enfrentándose a desafíos considerables, incluyendo conflictos laborales.
Uno de los retos más destacados de su gestión ha sido abordar la mora judicial y la carencia de personal suficiente entre jueces y empleados judiciales. El descontento laboral culminó en una huelga el 21 de mayo pasado, donde jueces y empleados administrativos exigieron mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Esta protesta llevó al Consejo del Poder Judicial, liderado por Molina, a aprobar un aumento salarial del 30% para los jueces en todo el país.
Además, se establecieron incrementos salariales para los servidores judiciales administrativos, que abarcan secretarias, abogados ayudantes y oficinistas. Estos reajustes, variando entre un 35% y un 50% según el cargo, serán implementados de manera gradual durante los años 2026 y 2027. Esta medida busca mejorar las condiciones laborales en el sector judicial.
Otro desafío significativo fue el deterioro del edificio de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que presentaba riesgos estructurales. La situación obligó al traslado temporal de las cortes al edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, mientras se avanza en la construcción de una nueva sede cerca de la Suprema Corte de Justicia. Este traslado busca garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones judiciales.
En el ámbito de la modernización, el Poder Judicial ha extendido el Sistema de Gestión de Casos a las jurisdicciones penal e inmobiliaria, fortaleciendo las operaciones internas y los servicios ofrecidos en las áreas civil, comercial y laboral, entre otras. Estos esfuerzos son parte de un proceso continuo para optimizar el funcionamiento del sistema judicial en el país.
