Transparencia en las Pensiones: Un Desafío Pendiente en República Dominicana

La República Dominicana enfrenta un desafío significativo en la gestión de las pensiones especiales, un sistema que ha estado en funcionamiento desde 1981. Según datos oficiales, el Estado desembolsa RD$10,915.19 millones anuales a 28,880 beneficiarios bajo el renglón ‘Poder Ejecutivo’.

Este monto representa el 21.27% de la nómina total de pensiones administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, excluyendo el sistema de capitalización individual. En comparación, las pensiones solidarias, que atienden a más del doble de personas, cuestan menos de la mitad.

El problema radica en la falta de transparencia. No existe un padrón público que identifique a los beneficiarios ni un criterio de elegibilidad claro. Tampoco hay auditorías publicadas en los 45 años de vigencia de la ley que regula estas pensiones.

La Ley 379-81 establece que las pensiones deben ser concedidas a funcionarios y empleados civiles que hayan prestado servicios al Estado. Sin embargo, muchas pensiones se otorgan por decreto, sin cumplir con este requisito.

La Constitución protege las pensiones otorgadas conforme a la legislación anterior, pero aquellas concedidas fuera de la ley no gozan de esta protección. Para corregir esta situación, se propone publicar un padrón con los detalles de cada pensión y establecer criterios claros de elegibilidad y auditorías anuales.

La solución no es cancelar las pensiones existentes, sino asegurar que a partir de ahora se otorguen conforme a la ley. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar la justicia en el sistema de pensiones dominicano.